Agricultura
Semillas certificadas, con un plus de hasta 5 quintales por hectárea
La mayoría de los productores argentinos, al momento de invertir, tiene la suficiente capacidad e idoneidad para hacer valer su dinero o producción. Lo hace al adquirir bienes de capital o herramientas de trabajo, a la hora de expandirse en su área de producción, cuando tira de la cincha porque algunos números no son los que se esperaban e incluso al comprar un nuevo modelo de camioneta.
En un año en el que parece que la semilla de los cultivos de verano será escasa, la pregunta es qué sucederá al momento de apostar en genética y pensar en los materiales de la próxima campaña. Pues parece que no todos tienen la misma actitud.
Sin ánimo de reflotar viejos debates ideológicos, políticos o sectoriales, los números indican que más de 50 por ciento de la simiente usada durante la campaña 2008/2009, provino de la famosa bolsa blanca. Que de blanca sólo tiene su envoltorio, porque se trata, según las actuales regulaciones, de bolsas en negro, fuera del comercio legal.
Pero ese no es el punto central. Lo que se pretende mostrar es la conveniencia de usar semilla certificada en favor del productor versus el grano de "uso propio" o adquirida en el mercado informal.
Para la campaña 2007/2008 (estamos consolidando el ciclo 2008/2009), alrededor de 28 por ciento de la semilla utilizada sobre 16.600 millones de hectáreas implantadas correspondió a material fiscalizado o certificado.
Según las cifras aportadas por Juan Erdmann, gerente técnico de la Asociación de Semilleros Argentinos y de Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), para completar la torta de lo sembrado en la campaña anterior, las porciones se integran con 11 por ciento de semillas reservadas por el productor bajo sistema de regalía extendida y el 60 por ciento restante estuvo integrado por un 16 por ciento de uso propio más 45 por ciento de semilla ilegal.
A favor del bolsillo
En Oncativo, los ingenieros agrónomos Nicolás Garnero y Juan Ghirlanda, ambos de la firma multiplicadora de semillas Mancosem, desarrollaron un trabajo que explica fehacientemente la conveniencia de sembrar con materiales certificados.
Los resultados demuestran que con el uso de simientes fiscalizadas de primera multiplicación y de última generación versus variedades que llevan en el mercado 3 ó 4 años de antigüedad, hay un diferencial de rendimiento a favor del material más nuevo de tres a cinco quintales según sea la marca, el grupo de maduración o la fecha de siembra.
Quintales que muchas veces representan la ganancia en algunos años (ver Análisis de semilla de soja). Sucede que los productores, cuando compran en el mercado negro o siembran semillas de uso propio provenientes de campañas anteriores, la reutilizan al menos tres o cuatro campañas.
Por lo tanto, desde el argumento estrictamente económico, se justifica holgadamente la inversión inicial a favor de los materiales nuevos certificados, aunque el valor inicial por bolsa represente casi el doble a la erogación hecha en bolsas blancas (ver Cambio de variedades).
La experiencia se fundamentó en la base de datos de ensayos que proporciona la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Soja (Recso) del Inta, que a través del software llamado Programador para la elección de variedades de soja ProVar, se pueden comparar distintas marcas y variedades para diferentes ambientes.
Argumentos agronómicos
Desde el punto de vista de la sanidad y calidad de los cultivos, también existen pruebas muy sólidas que hablan a favor del uso de la semilla fiscalizada. Se trata de una investigación encabezada por la ingeniera agrónoma Margarita Sillon, que hace hincapié en que la mayoría de las enfermedades que afectan a la planta de soja también impactan en las semillas, convirtiendo a éstas en vehículos de transporte.
Varios géneros de hongos tales como Phomopsis, Colletotricum, Cercospora, Peronospora, Alternaria, Fusarium, Sclerotinia, Macrophomina y Rhizoctonia, causan efectivamente mermas en los rendimientos y disminución en la calidad comercial del grano.
Las cifras en contra de las semillas no fiscalizadas son alarmantes, llegando a encontrarse en algunas variedades y marcas una incidencia de cinco a ocho veces superior a las encontradas en las materiales de primera multiplicación.
Otro de los argumentos agronómicos que utilizan los multiplicadores es que las semillas certificadas le permiten al productor obtener un material para cada ambiente de acuerdo a las condiciones que se presenten en cada campaña. Para el caso del departamento Río Segundo, por ejemplo, existe un abanico de al menos 12 variedades que responden a la realidad productiva de la zona, cifra poco probable para que algún productor puede almacenarla en su campo si se lo propusiera.
Aún reservándose la semilla para uso propio y declarándola anualmente.
La calidad finalmente es otro elemento a tener en cuenta. En caso de fallas o de comportamientos no esperados por el material, con las semillas fiscalizadas hay a quien reclamarle. De la otra forma no.
Adrián Mancini
La Voz del Interior
| Sobre el uso propio y el pago de regalías Los granos de las plantas autógamas como soja y trigo se pueden volver a usar como semilla. De hecho, la utilización de la semilla propia es legal según la ley 20.247. Pero muchos la venden a otros productores. En caso de que el productor se guarde semilla para uso propio, debe declarar con cuánto se quedó para tal fin y en la próxima campaña debe informar y pagar por la semilla que utilizará para sembrar. Las regalías extendidas perduran por 16 años. Los productores reconocen que hay que pagar por la propiedad intelectual, pero pocos lo hacen. Incluso, muchos sólo declaran un mínimo porcentaje. Algunos productores cuestionan que si un multiplicador puede hacer semillas en un lote al lado del propio, por qué ellos no. La Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales es la encargado de la fiscalización en los campos, aunque hay coincidencia en que esos controles fallan. Existen pocos casos ejemplificadores. Se paga por semilla de uso propio bajo sistema de regalía extendida dos dólares por bolsa. Las entidades del agro rechazan los controles a los productores y reclaman que el foco está colocado sobre el comercio ilegal. En medio de esta situación, la inversión en genética superadora al gen RR1 está estancada al menos ocho años con respecto a países que han resuelto el problema de la propiedad intelectual, como Estados Unidos. |
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- Ing. Marcelo Hoyos, Gte. BASF Argentina.
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La FAUBA tiene nuevas autoridades
El Ing. Agr. Rodolfo Golluscio y el Ing. Agr. Eduardo Pagano asumieron, lunes 8 de marzo, como decano y vicedecano de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), respectivamente, en un acto realizado en el salón de actos de esta casa de estudios. El evento contó con la presencia del rector de la UBA Dr. Rubén Hallú, y el decano y vicedecano salientes Ing. Agr. Lorenzo Basso e Ing. Agr. Juan José Grigera Naón.
Rodolfo Golluscio es Ingeniero Agrónomo, con orientaciones en Fitotecnia y Producción Agropecuaria, Magister Scientiae en Recursos Naturales (1990) y Doctor en Ciencias Agropecuarias (2002) por la UBA. Es profesor asociado de la Cátedra de Forrajicultura de la FAUBA, desde donde dicta clases de grado y posgrado, y condujo numerosas tesis. Además es investigador independiente de CONICET. Ha publicado numerosos trabajos científicos en el país y el exterior. Sus áreas de investigación son la ecología y el manejo de pastizales en zonas áridas, de allí que una de sus principales actividades de extensión es la asistencia técnica a productores ganaderos de la Patagonia.
Revés para un reclamo judicial de Monsanto
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Paolo Mengozzi, recomendó a la Corte Europea de Justicia (CEJ) que no haga lugar a una demanda de la firma Monsanto contra la importadora de harina de soja Cefetra. La empresa de biotecnología demandó a la importadora por adquirir el subproducto de la soja con tecnología Roundup Ready (RR) por la que los productores argentinos no pagaron regalías, entre 2005 y 2006. En 2008, la CEJ ya había dado su opinión a La Haya sobre el tema, indicando que el hecho no constituía una violación de la patente de Monsanto en la Unión Europea. Habría en más de 3.000 millones de euros (u$s 4.100 millones de dólares) en juego por la disputa. Monsanto no hizo declaraciones, ya que considera que, no es pertinente en esta instancia, que debe ser ratificada.


