Cuenca Rural

Viernes 21.11.2008La causa por los cortes de la ruta 9, ocurridos en pleno conflicto entre el Gobierno y el sector agropecuario, sigue su paso. Después de la rueda de indagatorias de las últimas semanas, el fiscal de San Nicolás Juan Murray pidió ayer el procesamiento de todos los imputados, entre ellos, los principales dirigentes de la Mesa de Enlace, la referente de la Coalición Cívica, Margarita Stolbizer, y la ex diputada justicialista María del Carmen Alarcón.

Los dirigentes del agro acusados de "entorpecer e interrumpir el tránsito de vehículos, personas y mercaderías" son el actual presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati; su antecesor, Luciano Miguens, y los titulares de Confederaciones Rurales (CRA), Mario Llambías, de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, y de Coninagro, Fernando Gioino.

Sobre la base de testimonios y filmaciones que constan en la investigación, el fiscal evaluó que está acreditada la responsabilidad de todos ellos en los cortes del 19 de marzo pasado en San Pedro. Pero, además, Murray le solicitó al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo que amplíe sus declaraciones indagatorias por la presunta comisión del delito de "incendio doloso". Para el fiscal, los dirigentes rurales "avalaron" la quema de pastizales sobre la ruta 9, que significó "un peligro común para los vehículos, mercaderías transportadas y personas que circulaban e intentaban circular por el lugar".

Para Murray, se encuentra acreditado que el 19 de marzo al mediodía una caravana de camionetas, que iba por la ruta 9 a paso de hombre, impidió el normal tránsito de vehículos y que, horas después, el escenario ubicado por los dirigentes agrarios en el centro del camino impidió el paso de personas y mercaderías.

Tomando en cuenta las declaraciones de los policías que integraron el operativo de seguridad, el fiscal también sostiene que en los cortes hubo "amenazas" hacia los camioneros para que detuvieran su marcha.

"Se ve que este fiscal está haciendo méritos porque quiere ser juez", reaccionó Buzzi ante la noticia. La entidad que encabeza y las otras tres que conformaron la Mesa de Enlace también están acusadas de realizar un "lock out patronal". En el pedido de procesamientos, Murray sostuvo que "a diferencia del derecho de huelga de los trabajadores, no existen internacionalmente normas que reconozcan al paro patronal como derecho".

Las 16 personas que están imputadas desde junio pasado son los dirigentes ruralistas que organizaron el acto y los políticos que estuvieron en el palco para reclamar contra las retenciones móviles que había dispuesto el Gobierno. Por eso, el fiscal también pidió el procesamiento de Stolbizer y Alarcón. Por cortar una ruta o entorpecer el tránsito, el Código Penal prevé penas de entre tres meses y dos años.

Pero la figura que propone para ampliarles la indagatoria a los dirigentes del campo, "incendio doloso", establece penas de entre tres y diez años de cárcel. Durante las últimas semanas, el juez Villafuerte Ruzo indagó a todos los imputados, por lo que ahora tiene 10 días hábiles para resolver su situación procesal.

 

 

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